¿A qué improvisado se le ocurre buscar la libertad personal desafiando la estabilidad institucional que el propio Estado tiene?
¿A qué “estratega” se le ocurre enviar un mensaje al Poder Judicial mediante el bloqueo de vialidades y la movilización forzada de trabajadores?
La respuesta quedó expuesta tras la marcha organizada en Tehuacán en respaldo de Miguel Ángel N., alias “El Animal”. El mensaje, en efecto, llegó. Llegó a los tres poderes. Pero no como se pretendía. No llegó como reclamo legítimo, sino como presión indebida, desorden público y una abierta afrenta al Estado de Derecho.
No fue un acto de protesta social; fue un intento de litigio en la calle. Y el diseño no correspondió a una estrategia jurídica sólida, sino a la lógica del escándalo: confundir la Constitución con el código penal y el expediente con el ruido.
Ese error tiene nombre: enanismo político. Y se asumió sin matices.
La movilización dejó al descubierto una grave distorsión del rol del abogado defensor. La defensa técnica no autoriza a irrumpir en empresas, condicionar a trabajadores ni presionar a proveedores para cerrar calles.
El propio abogado lo explicó frente a micrófonos. No habló de pruebas ni de jueces; habló de calles. De presión. De miedo social. Repitió, como mantra, que “están en juego 11,000 empleos”, como si los trabajadores fueran fichas y la ciudad un tablero. Esos empleados tienen familias y dependen de una empresa. Un chantaje social de manual, envuelto en frases exageradas y errores jurídicos de primero de carrera.
En paralelo, el discurso subió de tono: los denunciantes pasaron a ser “malandros”, “malhechores”, gente que “ya había robado a la empresa” y “le debía muchos millones”. Todo ello, sin una sola prueba. Juicio mediático express, cortesía del merolico de plaza.
Desde una óptica jurídica, la marcha no fortaleció la causa; la debilitó. Al trasladar el conflicto al espacio público, se envió una señal equivocada: que la presión social puede sustituir al debido proceso. Lejos de abonar a la presunción de inocencia, se construyó un escenario de intimidación procesal que endurece criterios y activa alertas institucionales.
El cuadro se completa con el historial del equipo legal que acompaña la maniobra, con antecedentes en la Fiscalía de Veracruz durante los años del hoy preso Javier Duarte, expedientes que la memoria pública y periodística no ha borrado. No es un dato menor cuando se pretende hablar de legalidad y justicia.
La explicación, al final, es simple: improvisación. Sacaron el litigio del juzgado, lo llevaron a la calle y creyeron que proclamar “ya ganamos” borraría un hecho incontrovertible: el imputado acumula meses en prisión y el proceso sigue su curso.
Este disparate de Miguel Ángel N., alias “El Animal”, y su abogado Carlos Tress Ogazón, logró exactamente lo contrario a lo que buscaba: endurecer posturas, exhibir fragilidad jurídica y convertir una defensa penal en un problema político. No avanzaron el caso; avanzaron el conflicto.