Tehuacán, Puebla.— La resolución que dejó sin efecto el cierre del proceso penal contra Miguel Ángel Celis Romero vuelve a colocar en el centro de la controversia a Olga Lucía Romero Garci-Crespo y abre nuevos cuestionamientos sobre el entorno político que rodea el conflicto. La Décima Primera Sala Unitaria de lo Penal revocó el sobreseimiento total de la causa 152/2025/TEHUACÁN, por lo que el procedimiento por extorsión deberá continuar desde la etapa en que se encontraba antes de ser cerrado.
La determinación, contenida en el toca 34/2026 y emitida el 30 de octubre, también deja abierta la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado solicite al juez de control revisar las medidas cautelares de Celis Romero. Esto podría tener consecuencias sobre su libertad, aunque no existe una orden automática de encarcelamiento ni una declaración de culpabilidad. La decisión corresponderá exclusivamente al juez.
Pero el expediente también vuelve a poner bajo la lupa el papel y los alcances políticos de Olga Romero, particularmente por el contexto de intereses familiares y empresariales que rodea este conflicto. Su posición política y la actuación de las instituciones poblanas obligan a plantear interrogantes sobre la posible existencia de condiciones de influencia o trato preferencial. No se trata de dar por probada una intervención, sino de exigir claridad sobre cualquier posible vínculo que pudiera comprometer la imparcialidad institucional.
La Fiscalía tendrá que demostrar la solidez de su acusación y el Poder Judicial garantizar que cada resolución esté sustentada en la ley. La pregunta inevitable es si en Puebla la justicia actúa con autonomía frente al poder político o si los apellidos y las relaciones siguen teniendo un peso que no debería existir en los tribunales.