Puebla.- Pedro Antonio Martínez llegó al Consejo de la Judicatura dispuesto a mover estructuras que durante años parecían inamovibles. Jueces, directores y administradores han cambiado, y con ellos comienza una reconfiguración que inevitablemente genera resistencias.
Pero el problema no está solamente en quién se va o quién llega. Está en acabar con la vieja práctica de gobernar expedientes mediante la famosa “línea de arriba”.
Trasciende que Pedro revisa actuaciones de jueces y administradores señalados por favorecer intereses privados. En ese escenario aparecen Marisol Mora Pérez, Venustiano Islas López y Guillermo Valdez Luna, nombres que, por las posiciones que ocupan o han ocupado y los señalamientos existentes, merecen escrutinio.
También aparece Olga Romero, “Monina”, cuya prolongada disputa por la herencia de Socorro Romero vuelve especialmente delicada cualquier versión sobre influencias dentro de tribunales. No se trata de afirmar que exista control sobre jueces, sino de impedir que alguien pueda presumirlo y obtener beneficios con ello.
Porque ahí puede estar parte del verdadero negocio: invocar nombres poderosos para presionar, negociar o justificar resoluciones cuestionables. Si un juez dice “me dieron línea”, habrá que saber quién se la dio… o si simplemente utiliza esa frase para encubrir decisiones propias.
Pedro tiene entonces un doble desafío: desmontar las viejas redes y evitar que quienes hoy se presentan como cercanos a él construyan otras nuevas.
Limpiar el Poder Judicial no consiste únicamente en cambiar funcionarios. Consiste en conseguir que nadie pueda volver a impartir justicia utilizando como argumento el nombre de quien manda.